1 jun. 2007

OPV de Almirall

Laboratorios Almirall comienza hoy una salida a bolsa que se antoja complicada por dos razones principales. La primera es el propio carácter de la OPV, eminentemente defensivo puesto que la empresa no sale a cotizar para crecer, sino para hacer frente a la crisis que sufre el sector farmacéutico. La segunda se refiere a los riesgos que se ciernen sobre su negocio, en especial la pérdida de varias patentes y la estricta regulación de precios de la Ley del Medicamento.

Almirall va a colocar el 30% de su capital en bolsa mediante venta de acciones (OPV) y una ampliación de capital (OPS), a un precio de entre 12,5 y 15,5 euros por acción. Esto supone que el 100% de la compañía vale entre 2.075 y 2.573 millones de euros. El PER (precio/beneficio) en que valora la compañía esta banda se sitúa entre 14,1 y 17,5 veces los beneficios de 2006.

La compañía asegura en su folleto que los objetivos de su salida a bolsa son inyectar fondos a los dueños de las acciones –los hermanos Jorge y Antonio Gallardo- y dotar de recursos financieros a la sociedad. El problema es que esos recursos no se van a destinar a financiar un programa de expansión –de hecho, la empresa no da ningún plan de futuro ni previsión de negocio-, sino a asegurar su supervivencia en un entorno hostil para la industria farmacéutica española.

Este entorno deriva de la nueva regulación del sector tras la aprobación el pasado año de la nueva Ley del Medicamento. Por un lado, la norma obliga a las farmacéuticas a bajar los precios a razón de un 30% anual para los medicamentos con patentes de más de 10 años, hasta situarlos en la media de los tres genéricos más baratos. Si no hay genérico, deben rebajarlos un 20% automáticamente.

En el folleto, Almirall admite que bastantes de sus principales productos tienen la patente caducada o a punto de hacerlo, luego tendrán que someterse a esta rebaja de precios. Por ejemplo, la del antihistamínico Ebastel (que supone el 13% de las ventas de la empresa) caducó en marzo; la del Prevencor, para enfermedades cardiovasculares, (11% de las ventas) ha caducado en mayo; la del Airtal, para dolores musculares, (8% de las ventas) expiró en 2004; y el Dobupal Retard, para la depresión, (7% de las ventas) caducó en 2005, aunque goza de una exención parcial. Otro de sus fármacos más conocidos, el protector estomacal Almax, también tiene la patente caducada, aunque sólo supone el 3% de las ventas en España.

Almirall padece el déficit de innovación típico del sector farmacéutico español, lo que la hace muy dependiente de las copias, conocidas eufemísticamente como licencias de medicamentos internacionales. Según consta en el folleto, en 2006 sólo dedicó el 11,4% de sus ventas a investigación. Es decir, que la caducidad de las patentes es un riesgo muy serio para la compañía.

Por otro lado, los laboratorios deben pagar un nuevo impuesto especial sobre sus ventas, que ellos llaman la tasa y que se denomina aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. La tributación es el 1,5% de las ventas hasta 3 millones de euros y un 2% a partir de esa cantidad. Según la empresa, esta tasa en 2006 supuso el 1,1% de los ingresos totales de Almirall (incluyendo las que paga en otros países).

Por tanto, se trata de importantes incertidumbres sobre el futuro de la compañía. Algo que ya se empieza a notar: si en 2006 logró un beneficio neto de 147,25 millones de euros, con un crecimiento del 25%, esa tasa ya se ha reducido al 11,1% en el primer trimestre de 2007.

La OPV pretende culminar con el inicio de cotización el 20 de junio. El 75% se destina a inversores institucionales y el 25% a los particulares. Los coordinadores de la operación son Morgan Stanley (coordinador global) y Santander (tramo minorista).